Comisión encabezada por el jubilado del Tribunal Supremo de justicia, encargado de examinar la situación jurídica de los puestos de avanzada, concluye que el derecho internacional no se opone a la construcción israelí en tierras de propiedad del Estado • El Comité declara que las comunidades const
ruidas con la ayuda del gobierno fueron autorizados de manera implícita.
El Retirado Juez de la Suprema Corte de Justicia Edmond Levy, quien dirige un comité encargado de examinar la legalidad de la construcción judía en Judea y Samaria, declaró el martes que los israelíes tienen el derecho legal para resolver la región.
«Según el derecho internacional, los israelíes tienen el derecho legal para resolver toda Judea y Samaria, por lo menos las tierras que los controles de Israel en virtud de acuerdos con la Autoridad Palestina», dijo Levy. «Por lo tanto, el establecimiento de asentamientos judíos [en Judea y Samaria] es, en sí mismo, no es ilegal».
El comité fue establecido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en los esfuerzos para determinar y consolidar la situación jurídica de los puestos de avanzada de Judea y Samaria, con un énfasis en las comunidades que no se construyeron en terrenos de propiedad privada palestina, pero su estado aún estaba en duda debido a la asistencia jurídica la burocracia.
El Comité emitió su informe el martes, que fue entregado posteriormente a Fiscal General Yehuda Weinstein. En el informe, Levy escribió que «después de completar las tareas del comité, y teniendo en cuenta los testimonios escuchados, la conclusión básica es que, desde la perspectiva del derecho internacional, las leyes de la» ocupación «no se aplican a las circunstancias singulares históricos y jurídicos que rodean décadas de Israel lo largo de la presencia en Judea y Samaria. »
«Del mismo modo,» dijo el informe, «la Cuarta Convención de Ginebra [relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra] en la transferencia de las poblaciones no se aplica, y no se pretende aplicar a las comunidades, como las establecidas por Israel en Judea y Samaria. »
En la parte del informe que critica las acciones de Israel, el jubilado juez escribió que «decenas de nuevos barrios se han erigido, sin autorización del gobierno y, a veces sin una relación contigua a la comunidad madre. Varios fueron construidos fuera de la jurisdicción asignada a la comunidad. Este fenómeno prevalente ha requerido grandes cantidades de fondos por lo tanto, el comité considera que es difícil creer que se ha hecho sin el conocimiento del gobierno «.
En conclusión, el informe señaló que «hemos descubierto un fenómeno dentro de la empresa de asentamientos israelíes en Judea y Samaria que no es propio de un país que defiende el imperio de la ley. A partir de ahora, debe quedar muy claro para los defensores de la solución de empresa y de la jerarquía política que van a operar sólo dentro de los límites de la ley y las instituciones encargadas de hacer cumplir la decisión varios deben hacer cumplir la ley en el futuro. »
Las recomendaciones del comité son los siguientes: El gobierno debe aclarar su posición sobre la cuestión de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria para evitar diferentes interpretaciones de su política, una nueva comunidad sólo se construyeron después que el gobierno o por un comité autorizado ministerial ha aprobado; la expansión de una comunidad fuera de los límites de su jurisdicción, autorizó por primera vez debe ser aprobado por el Ministro de Defensa o de un comité ministerial sobre los asentamientos, en coordinación con el primer ministro.
Por otro lado, el comité declaró que el estímulo proporcionado por el gobierno a la empresa de asentamientos constituye la autorización. Según el comité, las comunidades que fueron construidas en terrenos propiedad del Estado, o la tierra de Israel de propiedad privada, con la ayuda de los organismos gubernamentales no pueden ser clasificados como «no autorizado», debido a la ausencia de una decisión oficial del gobierno, que les autorice. La ayuda de manera muy proporcionada por el gobierno en su establecimiento constituye autorización implícita.
Bajo estas circunstancias, el informe llegó a la conclusión, la evacuación de dichas comunidades, no sería práctico y otra solución, como compensación o permuta de tierras, deben ser aplicadas. Por lo tanto, el Comité recomienda en su informe, el gobierno debe evitar la emisión de órdenes de demolición de estas comunidades, ya que es el propio gobierno que ha creado esta situación en primer lugar.
Otra recomendación fue que el gobierno debe acelerar el examen de las comunidades cuya situación no está definida. El comité sugirió que el gobierno define el estatus de estas comunidades en disputa en términos de evacuaciones o demoliciones sólo después de una investigación exhaustiva y un proceso legal completo. Con el fin de facilitar la vida de los residentes, el comité sugirió la creación de tribunales especiales en Judea y Samaria, específicamente para resolver las disputas de tierras.
Para evitar la incertidumbre y promover la estabilidad, el Comité instó a israelíes y palestinos para registrar sus compras de tierras dentro de un plazo acordado de entre cuatro y cinco años, después de lo cual cualquier persona que no se ha completado el proceso de perder los derechos a la propiedad. El comité propuso también que los israelíes sólo se permitiría la compra de tierras en Judea y Samaria bajo los auspicios de un organismo autorizado.
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